De los muchos aspectos de la reforma laboral sobre los que hablaremos en los próximos meses, he elegido uno que me parece un buen ejemplo de sus defectos.
Cuando se extinga un contrato de fomento de empleo por despido objetivo, el FOGASA se hará cargo de 8 días de salario por año de servicio y a la empresa le quedará pagar los otros 12. En realidad, esto ya existía bajo la forma del 40% de los 20 días a cargo del FOGASA para empresas de menos de 25 trabajadores, que ahora se amplía a todas las empresas.
Lo chocante es que el FOGASA pagará los 8 días aunque el despido sea improcedente. Tal vez esto tuviera sentido antes de la reforma, pero ahora entra directamente en lo absurdo. Veamos por qué.
El despido objetivo será procedente si, según dispone ahora el art. 51.1 ET, la decisión de despedir es mínimamente razonable. Se sigue que son improcedentes los despidos que no son ni siquiera mínimamente razonables, es decir, los absurdos, los abusivos, los caprichosos; en resumen, los que no son objetivos ni necesarios.
No se entiende por qué el FOGASA ha de subvencionar estos despidos. Hasta ahora han sido las empresas (y los trabajadores) quienes se han encargado de camuflar bajo distintas fórmulas la realidad para que el FOGASA pagara los 8 días aunque no le correspondiera. Ahora es el Estado el que se engaña a sí mismo y se obliga a hacer pagos sin sentido.
