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| Colegios abiertos el 1O |
Cuarta parte: una mentalidad (digresión)
A quien sólo tiene un martillo, todo le parece un clavo.
Las cosas nunca pasan porque sí. Existen causas y, sobre todo, existen agentes. En esta Segunda Restauración, con su sitema político rígido, bloqueado, completamente jerárquico, el principal agente del Estado es el presidente del gobierno. Él elige a los ministros y toma todas las decisiones importantes. Aunque la constitución diga que es una función colectiva, es el presidente el que dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado.
Mariano Rajoy tiene una visión muy limitada del Estado. Lo hemos visto en todo el proceso que viene desde que Maragall propuso un nuevo estatuto. Mientras estuvo en la oposición, se apoyó en lemas simplistas y demagógicos, como la campaña contra la subida del IVA (¿te acuerdas, Mariano?) o la recogida de votos contra el estatuto catalán. Desde que llegó a la Moncloa, su objetivo ha sido el cumplimiento de la ley.
Pero la política y el gobierno no consisten en cumplir la ley, ni en hacerla cumplir. La ley es una herramienta, no un objetivo. Ni el juez ni el policía pueden decidir cuál ha de ser la ley; se limitan a obedecerla. El gobernante, en cambio, debe decidir sobre la ley. Cuando exige que se cumpla, se está refiriendo indistintamente a la ley y a su propia voluntad.
Evidentemente, Mariano Rajoy no es capaz de desempeñar su función como presidente del gobierno. En toda la crisis catalana, lo único que ha sabido decir es que la ley debe ser cumplida, nada más. Incluso sus decisiones sobre Cataluña las ha delegado en los fiscales y los jueces, como si fueran ellos los responsables de la acción de gobierno.
Durante el mes de septiembre, las limitaciones de la mentalidad del presidente se han hecho más evidentes que nunca. Hemos presenciado el espectáculo penoso del tribunal constitucional, los jueces de instrucción o el TSJ de Cataluña actuando con toda urgencia para tomar decisiones políticas y de orden público. Rajoy les había delegado la responsabilidad de gobernar, pura y simplemente.
En general se entiende que Rajoy recurre a los jueces por un prurito de legalidad. Pero también cabe pensar que está inseguro, que necesita constantemente que vengan otros a ratificar sus decisiones. Ciertamente, cuando obtiene un pronunciamiento judicial favorable, Rajoy lo anuncia como una confirmación de que él tenía razón.
Esta mentalidad legalista está en la raiz del desastre comunicativo del gobierno. Donde mucha gente (a favor y en contra, da igual) veía un problema político, Rajoy se limitaba a decir que era un problema legal. La prensa europea (la que yo sé leer, al menos) ha visto esta desconexión con perplejidad. Ahora ya se atreven a calificar a Rajoy de incompetente, puro y simple.
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| Last stand of the 44th |
El primero de octubre de Mariano Rajoy
i) impotencia: el primero de octubre ha sido una catástrofe para Mariano Rajoy. Su mentalidad legalista ha chocado violentamente con la realidad y ha sufrido una derrota muy dura. Todavía no se aprecian todas las consecuencias, pero llegarán.
La intervención de la policía nacional y la guardia civil el primero de octubre es una mezcla extraña de actuaciones gubernativas y judiciales. El gobierno ha pretendido ampararse en los jueces y sostener que toda la actuación de la policía respondía a órdenes judiciales. La realidad es completamente distinta.
Los jueces no pueden ordenar el desplazamiento de 10.000 agentes a Cataluña, ni suspender sus vacaciones o sus traslados, ni contratar ferrys para alojarlos, ni planificar su despliegue por Cataluña, ni dirigir la actuación de los anti disturbios. Todo eso, obviamente, es trabajo del gobierno. Es chocante que el gobierno, para cumplir su función, le haya pedido a los jueces una hoja de parra.
El gobierno le ha ordenado a la policía una misión imposible (29). Para cumplirla, ha hecho un acopio extraordinario de fuerza. Se ha dicho que venían 10.000 policías, incluso 17.000, procedentes de toda España. Si no han traído más es porque ya no se podía. De hecho, en Zaragoza se ha dicho que no había policías disponibles cuando la presidenta de las Cortes de Aragón fue agredida por unos manifestantes.
Llegado el primero de octubre, esa fuerza impresionante salió del puerto de Barcelona. Lo que no se sabe es para qué. Y, por tanto, tampoco se sabe para qué se la había reunido.
En el plano de Cataluña se aprecia a simple vista que la inmensa mayoría de los colegios electorales estuvo abierto para la votación del primero de octubre. El inmenso despliegue policial, con las escenas de violencia que se han difundido, ha resultado completamente inútil. Si el objetivo era impedir el referéndum, el gobierno ha fracasado estrepitosamente.
ii) incompetencia: hay un hecho mucho más grave, del que todavía no sabemos nada. Espero que lleguemos a saber todos los detalles de la intervención de la policía nacional y la guardia civil. Alguien debe decirnos cuántos colegios visitaron, cuántos agentes dedicaron a cada actuación. Porque a mí las cuentas no me salen.
Los mandos policiales responsables de la
operación debían ser muy conscientes de que no podían impedir el referéndum.
Para organizar el despliegue tuvieron que estudiar los mapas y repartir
sus efectivos por el territorio; tocaban a cinco por colegio electoral.
El problema es que no se puede enviar a los anti disturbios de cinco en
cinco, porque se juegan la vida. Es imprescindible que actúen en grupos
numerosos. Los grupos operativos
de las UIP tienen 50 miembros. Suponiendo que los 10.000 policías
movilizados fueran anti disturbios, podrían intervenir en unos 200
colegios electorales, menos del 10% del total.
Hemos
de suponer que los mismos mandos, conociendo estos cálculos, debieron
informar a su ministro de hasta dónde llegaban sus capacidades. Es
decir, que ni la policía nacional ni la guardia civil iban a impedir el
referéndum, por la sencilla razón de que no se podía.
Cualquiera, hasta un ministro, sabe que cuando aparecen los anti disturbios, aparecen también los golpes, los heridos y las escenas de violencia. Nadie se puede sorprender por ello. Los mossos d'esquadra, sin ir más lejos, tienen una justificada mala fama en este aspecto.
El origen seguramente está antes. Todo esto se podía saber antes de enviar a los policías a Cataluña. Sin embargo, el gobierno decidió traerlos. Claramente, pretendía atemorizar a los independentistas. Quería proyectar la imagen de que el gobierno es duro, que no le tiembla el pulso, que no se le puede desafiar. Desde luego, la acumulación de policía en el puerto de Barcelona (y Tarragona) era impresionante, pero era un farol.
Cuando la amenaza no surtió efecto, el error ya no tenía remedio. El gobierno tenía dos alternativas: dejar a la policía en los barcos o hacer un despliegue simbólico. La primera opción hubiera desacreditado al gobierno ante toda España. Para salvar la cara, el gobierno ordenó un puñado de actuaciones, más o menos repartidas por todo el territorio. De esta forma, los mismos titulares que el 2 de octubre atacan a Rajoy son los que le salvan del descrédito ante sus votantes.
Todo esto es muy grave. La policía no se desplegó para impedir el referéndum. Tampoco se desplegó para impedir disturbios, que no existían. La policía se extendió por el territorio para causar disturbios, golpeando y lesionando a ciudadanos perfectamente pacíficos. El único objetivo era salvar la imagen de Rajoy ante el resto de España.
