Ya ha pasado el temido 8 de julio y, naturalmente, no se ha notado ningún cataclismo. Sin embargo, poco a poco iremos notando los efectos del nuevo sistema de convenios colectivos.
Los cambios van a tener dos clases de consecuencias muy diferentes: por una parte, un efecto puramente legal: la desaparición de un convenio afecta a las relaciones laborales que regulaba y que ahora se quedan huérfanas de regulación; por otra, un efecto en la negociación: la reforma altera considerablemente el equilibrio entre las partes los convenios, tanto las que los negocian como las que los han de cumplir.
Sobre ambas cuestiones existe una incertidumbre considerable y se están produciendo muchas especulaciones, no todas desinteresadas. Ahora voy a hablar sobre la desaparición de convenio, porque es la cuestión que más inmediatamente va a causar problemas, posiblemente muy graves.
La nueva ley dispone un sistema aparentemente muy claro: cada convenio se pacta para un plazo de duración determinado (un año, dos años, cinco años); una vez acabada la duración pactada, la ley da una prórroga de un año, durante la cual se puede pactar un nuevo convenio; si pasa el año sin nuevo convenio, el antiguo desaparece sin nada que lo sustituya.
La ley introduce algunos matices: las partes pueden pactar una prórroga más larga, incluso indefinida, de todo o parte del convenio antiguo (lo que puede significar vaciar de contenido la reforma); además, pueden existir otros convenios (de ámbito superior o inferior) que continúen vigentes. Por lo tanto, es posible que la desaparición del convenio no deje completamente sin regulación las relaciones laborales afectadas. Con todo, "posible" no significa que sucederá siempre, sino que sucederá algunas veces y muchas otras no, sobre todo al principio.
Y aquí empieza la odisea legal:
El primer problema: ¿ha caducado mi convenio?
