El paro es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Cabe suponer que también lo es del Gobierno. Sin embargo, la prensa no suele facilitar mucha información con la que valorar la efectividad de las iniciativas gubernamentales. Esta semana, el Ministerio de Empleo ha publicado los resultados del primer año de aplicación de su buzón contra el fraude laboral. Es una buena ocasión para saber si nuestro Gobierno está aplicando políticas acertadas.
Según
la nota del Ministerio, el buzón
ha permitido descubrir un total de 1,592 empleos sumergidos en un
año. Para apreciar si esa cifra es grande o pequeña, hace falta
ponerla en contexto. Por fortuna, la misma nota contiene tres
afirmaciones contundentes:
Desde
2012 se han aflorado un total de 170.941 empleos irregulares
En
2012 y 2013 se han anulado 2.078 inscripciones de empresas ficticias
Entre
2012 y 2013 se han logrado anular 78.056 altas ficticias o contratos
de trabajo falsos
Es
decir, que el buzón,
con sus míseras 1,592 altas, no representa ni siquiera el 1% de los
empleos aflorados
desde que la Sra. Báñez tomó posesión el 22/12/2011.
Los
detalles estadísticos que ofrece la nota de prensa ofrecen un
panorama absolutamente incoherente. Así, en Andalucía se han
realizado 1299 actuaciones, pero en Murcia sólo una, igual que en
Melilla. Se puede comprender lo de Melilla, que es una ciudad
pequeña, pero ¿Murcia? Y lo de la ciudad pequeña debe ser
relativo, porque en Ceuta se han concluido 20 inspecciones.
En
Catalunya se han aflorado
94 empleos sumergidos; es decir, 1,27 por cada 100.000 habitantes; en
Madrid, 211 empleos, 3,31 por cada 100.000 habitantes; en la
Comunidad Valenciana, 143 empleos sumergidos, 2,88 por cada 100.000
habitantes. En Valencia, por cierto, parece que es más práctico
acudir a la policía que a la Inspección de Trabajo: en julio se informaba de que:
Los
efectivos de la Policía de la Generalitat valenciana han localizado
e inspeccionado 284 talleres ilegales del área automovilística,
dentro de la operación Clau Anglesa, que se puso en marcha en
octubre de 2012, así como 60 empresas ilegales o talleres
clandestinos dentro la operación Ecosub, que se inició en
septiembre de 2013
¡344
empresas ilegales! No sabemos cuántos han sido los trabajadores
afectados, pero está claro que la policía resulta mucho más
efectiva.
A
mi juicio, la estadística más llamativa es la de las inspecciones
que no han dado ningún resultado. No tenemos los detalles, pero sí
datos suficientes para hacer una valoración: se han aflorado 1.592
empleos en 5.377 actuaciones. O sea, al menos en 3.785 actuaciones,
el 70,39%, no se ha encontrado nada. Y eso suponiendo que en cada
actuación exitosa se encontrara un solo empleo sumergido; el dato
real seguramente es aún peor.
¿Qué
valoración se puede hacer de la Ministra Báñez?
Esta
iniciativa ya fue muy criticada en su momento, por recurrir a las
denuncias anónimas. Por lo que se ve, los peores temores se han
confirmado y las denuncias sin fundamento (al menos el 70%) son más
del doble de las veraces (como mucho el 30%). Y todo para obtener
unos resultados irrisorios: el empleo aflorado por esta vía no llega
al 1% del total.
La
impresión que produce es que la Ministra ha lanzado a la Inspección
como un pollo sin cabeza: cargando en todas direcciones sin ton ni
son para, lógicamente, no obtener ningún efecto apreciable.
Nota:
Fátima Báñez 3/10 - suspendida
