Hace unas semanas, el ministro Montoro metió (otra vez) la pata al decir en las Cortes que los salarios españoles no estaban bajando, sino subiendo muy poco. La respuesta ha parecido un concurso: a ver quién demuestra antes y mejor cuánto han bajado los salarios.
En general, las respuestas al Sr. Montoro se han centrado en dos aspectos de la bajada de sueldos: el salario nominal y el salario real. En términos muy generales, parece que se está produciendo una congelación o un pequeño descenso de los salarios nominales; añadiendo el efecto de la inflación, parece que se está produciendo una reducción moderada de los salarios reales.
Yo no voy a entrar en esa conversación, que ya se mueve en terrenos muy detallados y técnicos. En cambio, sí me he fijado en otro aspecto que parece pasar desapercibido: las rentas diferidas (ya sé que esta palabra tiene mala prensa, especialmente en el partido del gobierno, pero es lo que hay).
En España, el salario mensual no es lo único que reciben los trabajadores a cambio de su trabajo. También reciben muchas otras cosas, como un seguro médico, un seguro de insolvencia de su empresario, un seguro de desempleo y, eventualmente, una cobertura adicional por desempleo en forma de indemnización por fin de contrato. Normalmente, estos conceptos sólo se contemplan desde el punto de vista del coste que supone el factor trabajo para el empresario, pero es indudable que son beneficios para el trabajador con un contenido económico importante. La reducción de estos beneficios equivale a una reducción de salario.
Un ejemplo relativamente sencillo de calcular es el efecto del abaratamiento del despido. La indemnización por despido típica del sistema español viene a tener el mismo efecto que un ahorro del trabajador gestionado por el empresario; al rebajarse la indemnización se reduce ese ahorro o, lo que es lo mismo, la suma total de los salarios corrientes más los salarios diferidos al fin del contrato.
Hasta que empezaron la crisis y las reformas, los trabajadores españoles confiaban en que, al ser despedidos, recibirían una indemnización de 45 días de salario por año de servicio. Si 45 días son el 12,33% de un año, esa indemnización venía a ser un 12,33% del total de salarios recibidos por el trabajador durante el contrato (un poco más, en realidad, ya que se aplica el último salario, y no el salario real de todo el período, pero no entraremos en eso). Por lo tanto, es lo mismo que si el empresario hubiera pagado un 12,33% más y lo hubiera depositado en una cuenta de ahorro del trabajador para el día en que éste se quede sin trabajo.
La rebaja de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días por año es una reducción del salario: 33 días son el 9,41% del año. Por tanto, el salario "ahorrado" ya no es del 12,33%, sino del 9,41%. El descenso real del salario por este solo motivo es de un 2,6% (de 112,33 a 109,41). Esta rebaja se aplica a todos los salarios percibidos desde el 12/2/2012.
Otra reforma importante ha sido la revisión de los criterios para la aplicación de los despidos por causas objetivas. Antes de la reforma de Zapatero, estos despidos se consideraban difíciles y, por tanto, eran poco frecuentes. En los últimos dos años se han vuelto mucho más corrientes.
La indemnización en un despido por causas objetivas es de 20 días por año de servicio, por lo tanto, el equivalente de un "ahorro" de 5,48%. El salto de los 45 a los 20 días por año supone una rebaja del salario total del 6,10%.
Lógicamente, estas rebajas salariales se combinan con las rebajas de los salarios nominales y reales, de manera que el efecto total sobre las rentas con las que cuentan los trabajadores son bastante importantes.
